Notas editoriales

México cierra la puerta a las fuentes alternas para generar energía, justo cuando las grandes economías del mundo vislumbran un gran potencial en ellas.

El comienzo de la tercera década del Siglo XXI se perfila para ser el punto de inflexión que marcará el inicio del fin de la era de la 2ª Revolución Industrial que prevaleció a todo lo largo del Siglo XX impulsada por las tecnologías de generación de energía, transporte y movilidad, basadas en el uso de los combustibles fósiles, por los sistemas de comunicación analógicos, y por el desarrollo de todas las infraestructuras requeridas para su funcionamiento (redes eléctricas centralizadas, estaciones de transmisión y recepción de señales, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera).

El agotamiento de ese modelo de civilización devino de la convección de cinco vectores de causalidad:

El primero y el que representa el mayor imperativo para acelerar el proceso de transición es, sin duda, la amenazante crisis ambiental, originada por las gigantescas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y especialmente de bióxido de carbono (CO2).

Esto es causa principal de los procesos de calentamiento global y modificación de los patrones climáticos, que de continuar, podrían ocasionar un colapso ambiental y la total extinción de casi todas las formas de vida que habitan en el planeta.

El segundo vector, es el rápido desarrollo de nuevas tecnologías, que permiten generar electricidad limpia o libre de emisiones de CO2, como son las tecnologías de generación eólicas, fotovoltaicas, mareomotrices, y el mejor aprovechamiento de otras ya existentes como las tecnologías de generación geotérmica e hidroeléctrica.

Un tercer vector es el desarrollo de tecnologías de motricidad y movilidad, a través de motores de propulsión eléctrica, para todo tipo de vehículos terrestres, marítimos y hasta aéreos. En pocos años, estos vehículos, están logrando superar —una por una— las limitaciones que aún inhiben su utilización, como sus altos precios de manufactura y de venta, los bajos rangos de autonomía y potencia, los largos tiempos de recarga de sus baterías y, finalmente, la creación de infraestructuras suficientes y adecuadas para asegurar un uso masivo y eficiente.

El cuarto vector es el desarrollo del amplio universo de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial, que tienen el potencial efectivo no solo para su aplicación en todas las actividades productivas y de comunicación, sino para convertirse en el instrumento más eficiente para su administración y gestión.

Finalmente, el quinto vector es el empoderamiento y la creciente participación de las organizaciones civiles y de las comunidades científicas a nivel internacional, que son cada vez más conscientes de la necesidad de avanzar lo más rápido posible en el desarrollo de la nueva matriz energética que permita salvaguardar la estabilidad climática y los equilibrios biológicos de nuestro planeta.

Ese creciente empoderamiento y concientización ya es visible en los programas de muchos gobiernos de la Unión Europea, e incluso de algunos gobiernos asiáticos encabezados por China, que también han tomado conciencia de esa necesidad que, además, les representa una oportunidad única para adelantar a Estados Unidos en la carrera tecnológica y posicionarse como la principal potencia económica en la era de la 3a Revolución Industrial.

México: dos pasitos adelante y uno grande para atrás
Desde la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012), nuestro país se convirtió en uno de los principales promotores de las acciones contra el cambio climático, al grado de que se asumieron compromisos de reducción de las emisiones de CO2 superiores al promedio.

Entre los compromisos asumidos, desde la 13a Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático celebrada en el 2007 (COP 13), figuran: la reducción de las emisiones de CO2 en 30% para el 2020 y de 50% para el 2030, con respecto a las registradas en el año 2000, así como el de promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Para ello, se requirió modificar los marcos legales e institucionales que regían para todo el sector de la energía, lo cual se logró con la aprobación y emisión de tres nuevas leyes, con sus respectivos reglamentos, órganos operativos, consultivos y de gestión:

1) la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos (LPDB-2008);

2) la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética (LTE-2008); y

3) a Ley de Cambio Climático (LCC-2012), que mandató a los gobiernos para diseñar e implementar una estrategia nacional para detener los procesos de cambio climático.

Además, también se realizaron diversas reformas a las leyes que regían al Sistema Eléctrico Nacional (Ley de la Industria Eléctrica - LIE), a la Secretaría de Energía (Sener) y, finalmente, a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE).

Los aspectos más destacados de ese primer ensayo de reforma eléctrica fueron algunas modificaciones a los diversos formatos de contratos y de obtención de permisos para crear y operar infraestructuras de generación de energía eléctrica bajo las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente, importación y exportación, otorgándole a los inversionistas una mayor certidumbre legal.

La Reforma del Sector Eléctrico
Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) los cambios en los marcos legales que regulan a la industria eléctrica en México reportaron resultados que pueden calificarse como “exitosos”.

Los más destacados fueron el otorgamiento de más de mil 500 permisos y autorizaciones para el desarrollo de proyectos de generación, importación y exportación de electricidad, de los cuales, mil 314 siguen vigentes y 75% corresponden a proyectos de generación de energías limpias renovables (solar, eólica, hídrica, geotérmica y de biomasa).

En el período 2006-2018, las inversiones nacionales y extranjeras comprometidas y ejercidas en todos esos proyectos sumaron varias decenas de miles de millones de dólares, tan solo el indicador de la Inversión Extranjera Directa Neta (IEDN), reportado por la Secretaría de Economía, sumó alrededor de algo más de 13.7 miles de millones de dólares.

Como resultado de esas inversiones, la capacidad instalada total y activa en el Sistema Nacional de Energía aumentó de 46.2 a 55.3 MW. El 50% de la nueva capacidad de generación correspondió a la entrada en operación de nuevas centrales privadas, y el otro 50% corrió por cuenta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en tanto que la participación relativa de los permisionarios privados aumentó de 19% en 2006 a 24% en 2018.

Por lo que toca a la generación efectiva de electricidad, en el mismo período de 12 años esta aumentó 9.4% de 228 a 249 Giga Watts Hora (GWh), crecimiento que se explica totalmente por el aporte de los permisionarios privados que lograron aumentar su market share (cuota de mercado) en el mercado mexicano, de 27.9% a 36.2%.

Paradójicamente, a pesar del fuerte crecimiento de las capacidades de generación de energías limpias, su participación relativa en la generación efectiva total no logró crecer al ritmo necesario para alcanzar las metas de la Estrategia Nacional para el Cambio Climático.

Al cierre del 2018, la matriz eléctrica nacional reportó que la generación de energías limpias y renovables aportó al Sistema Nacional de Energía (SEN) flujos totales que sumaron 53 mil 19 Giga Watts Hora (GWh), equivalentes al 16.7% de la generación efectiva total, mientras que la generación de otras energías limpias, aunque no renovables, como es el caso de la energía nuclear y de los procesos de cogeneración eficiente aportaron flujos combinados de 20 mil 519 GWh, que representaron el 6.5% de la generación total.

En términos generales, los resultados de la Reforma Energética fueron positivos, especialmente para el sector eléctrico, y con ello sus beneficios se extendieron al resto de la economía nacional.

Incertidumbre, el freno del progreso
Una vez sentadas las bases hacia la transición energética, las inversiones nacionales y extranjeras en nuevos proyectos de generación y de servicio eléctrico seguían fluyendo hacia el sector, hasta que, a mediados del 2019, los participantes privados en los mercados eléctricos nacionales registraron un cambio de señales en el gobierno y las primeras fueron el desconocimiento de muchos de los contratos de compraventa autorizados en su momento por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la decisión de la CFE de imponer una tarifa superior hasta en 800% a los cobros de transmisión por subir sus flujos eléctricos a la red.

Poco después, los participantes se enteraron también de que los procesos de subastas para la asignación de los contratos de suministro de energía para su adquisición por la CFE quedaban suspendidos hasta nuevo aviso.

En los días y semanas siguientes, las malas noticias continuaron con el anuncio de que los sistemas de fijación de tarifas para los usuarios de servicio básico ya no se establecerían en función de los precios de venta de los proveedores más eficientes, sino que la CFE regresaría a la política de precios indexados a la inflación y de que, en adelante, en sus procesos de compra la propia Comisión daría prioridad a la adquisición de energía proveniente de centrales de generación de su propiedad aunque esa energía fuera más cara, y haciendo a un lado cualquier consideración relacionada con los niveles de emisiones de GEI o de impacto ambiental.

Finalmente, la última mala noticia es que el objetivo principal y el eje rector de la estrategia nacional para el sector eléctrico, es ahora el fortalecimiento de las compañías estatales, dejando en planos secundarios y terciarios cumplir los compromisos de reducción de emisiones y descarbonización de la industria, así como avanzar hacia la creación de mercados eficientes y competitivos.

El desacuerdo con un gobierno que se atrevía despreocupadamente a violar un nutrido grupo de preceptos constitucionales y algunos aspectos relevantes de los marcos legales negociados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), llevó a un amplio número de participantes en el mercado —particularmente a los que se encontraron más desprotegidos y afectados por el cambio de rumbo— a emprender estrategias legales de defensa contra la inconstitucionalidad de las nuevas políticas y estrategias.

Fue así, con la razón y con la ley de su lado, que los litigantes han conseguido —hasta ahora— detener por medio de “amparos” el avance y la implantación de esas políticas públicas para el sector.

Implicaciones para la industria automotriz
¿Qué impacto podría tener este cambio en las reglas del juego para la industria nacional, y particularmente para la industria automotriz?

El primero es el sentido de desconfianza que está generando en todo el sector privado el estilo de gobernar del presidente.

El segundo es el enfoque de sus políticas públicas, que evocan recuerdos de malos tiempos para la economía y para la sociedad nacional, tiempos que se caracterizaron por un crecimiento nulo y hasta negativo en lo que corresponde a la creación de riqueza, ingresos y consumo nacional.

A los dos anteriores se suma la percepción de un mayor deterioro en la vigencia del estado de derecho, que sirve, entre otras cosas para explicar por qué los indicadores generales del comportamiento de la inversión acumularon, al 3er trimestre del 2020, una disminución superior al 30%, y que en el caso específico de la industria automotriz alcanzaron un nivel de -52% con referencia al mismo trimestre de 2019.

Con respecto a los cambios en las reglas del juego en los mercados de generación y comercialización de electricidad, el principal impacto negativo tiene que ver con la imposición de tarifas menos competitivas comparadas con las de sus competidores en Estados Unidos y Canadá.

Lo anterior cobra una mayor relevancia si se considera que la electricidad es uno de los cinco mayores componentes del costo operativo de las plantas de ensamble terminal en México, y que la demanda de la industria automotriz es por mucho la más alta y representa el 29.5% de los mil 201 MW que se comercializan en el nivel de suministro calificado, que es el de los grandes consumidores de electricidad.

El costo reputacional
Probablemente el peor daño que podría recibir la industria automotriz derivado de la “contrarreforma energética” que parece impulsar el gobierno, estará en la imagen de marca de las principales ensambladoras de vehículos.

El problema se hace evidente si reparamos en que una de las tendencias más relevantes en las preferencias de los consumidores en los países desarrollados, incluyendo a los de Estados Unidos y Canadá, es su creciente inclinación por tomar en cuenta los criterios relacionados con el impacto social y ambiental de los procesos de producción de los productos que consumen.

En respuesta a esta actitud de las nuevas generaciones de consumidores, muchas de las firmas automotrices globales, y sobre todo las europeas, han decidido sumarse a los compromisos de descarbonización de la industria mundial, con acciones concretas como la utilización de altos porcentajes de energías limpias en sus procesos productivos.

En México, los mejores ejemplos de ese tipo de estrategias de posicionamiento de mercado y de conciencia ambiental, son los de la división mexicana del grupo Volkswagen, que desde hace tres años tiene un contrato de proveeduría eléctrica con Power Group México, para adquirir el 100% de los 130 MW de capacidad de generación eléctrica de la central eólica Bufa Wind, ubicada en el estado de Zacatecas. Una vez generada y subida a la red del SEN, ese volumen de energía satisface alrededor del 70% de la energía que consumen las plantas de Volkswagen en los estados de Guanajuato y Puebla.

En este caso, cabe subrayar que son ese tipo de contratos con generadores privados de energía los que serán mayormente afectados por las políticas de fijación de elevadas tarifas de interconexión.

Otro ejemplo representativo de esas estrategias de mercadotecnia y compromiso ambiental es la planta de BMW, en San Luis Potosí, que cuenta con una pequeña central fotovoltaica que en su primera etapa puede producir hasta cinco MW, capacidad que la compañía buscará ampliar para generar hasta el 100% de la demanda de energía de la que por ahora es la planta con los sistemas tecnológicos más avanzados de BMW A.G., a nivel mundial.

En ruta de colisión
El intento de “contrarreforma energética” que busca imponer el gobierno actual también parece seguir una ruta de muy probable colisión con la industria automotriz de América del Norte, con los compromisos ambientales que derivan de los acuerdos del T-MEC y, finalmente, con las políticas ambientales que promete seguir el presidente electo Joe Biden, quien, a diferencia de Donald Trump, ha prometido reincorporar a Estados Unidos a los acuerdos de París, y otorgar una elevada prioridad a la estrategia de transición de la matriz energética de esa nación norteamericana, que desde el triunfo de Donald Trump —en noviembre del 2016— se rezagó peligrosamente con respecto a los avances de Europa y de China, en el proceso de transición y de creación de las infraestructuras necesarias para consumar el cambio hacia la 3ª Revolución Industrial.